Para publicación inmediata: 18 de diciembre de 2023
Contacto para los medios: Carliana Harris
Sindicatos Laborales Puertorriqueños Unidos Contra la Injusticia Económica en la Isla
14 Líderes Sindicales y Defensores Puertorriqueños se Reúnen en Washington, D.C. para Exigir el Fin de la Junta de Control Fiscal y la Ley PROMESA, con la Esperanza de Abrir Camino al Renacimiento Económico de Puerto Rico
WASHINGTON, D.C. – Una distinguida delegación de 14 líderes sindicales de Puerto Rico se reunió en la capital de la nación para abordar las dificultades económicas causadas por la Junta de Control Fiscal y la Ley PROMESA.La delegación asegura que estas políticas perpetúan un estado de subyugación política y obstaculizan el progreso económico para la gente de la isla, especialmente afectando la capacidad de los trabajadores para recibir salarios justos y una jubilación digna. La conferencia de prensa siguió a una larga semana de acción en la que líderes sindicales se reunieron con varios senadores, representantes y la Casa Blanca para abogar por el fin de la junta y la derogación de la Ley PROMESA que la respalda.
Desde la llegada de la Junta de Control Fiscal, también conocida como “La Junta”, a Puerto Rico, la isla ha presenciado increíbles injusticias sociales. Además de reducir los beneficios de atención médica, en los primeros dos años, se cerraron más de 400 escuelas, dejando un impacto devastador en el sistema educativo. En particular, las áreas rurales han sufrido el peso de estos cierres, creando barreras significativas para el acceso de los estudiantes a la educación, con desplazamientos y aulas abarrotadas, afectando principalmente a los vecindarios más pobres de la isla. La consecuencias ha llevado a una alarmante proporción estudiante-maestro que supera los 40 a 1. Estos desafíos amplifican los problemas adicionales con muchas escuelas, especialmente en las regiones del sur de la isla, aún esperando reconstrucción cinco años después de los eventos del huracán María y los terremotos subsiguientes.
Liza Fournier Córdova, Presidenta de UNETE, destacó las consecuencias adicionales de estos acontecimientos para los educadores. “En 2020, nuestros programas de jubilación para maestros fueron completamente diezmados, obligando a aumentar la edad de jubilación de 55 años a 63 años y reduciendo los beneficios de pensión del 75% al 38%. Esto coloca a nuestros dedicados educadores en una senda hacia la jubilación en condiciones financieras precarias.”
El excongresista Luis Gutiérrez se solidarizó con los líderes sindicales y enfatizó el compromiso de abordar las preocupaciones sobre las pensiones. Dijo: “A los puertorriqueños les decimos que no descansaremos hasta que tengan una pensión establecida y justa.”
En Puerto Rico, hay un enfoque creciente en temas relacionados con el empleo, salarios y beneficios. Los empleados en los sectores público y privado han enfrentado periodos prolongados sin aumentos salariales, lo que ha llevado a una reducción significativa de los salarios reales debido al impacto de la inflación. Los líderes sindicales creen que la Junta de Control Fiscal es la raíz de estos desafíos, alegando que obstaculiza los esfuerzos para aumentar los salarios y socava el poder de negociación de los trabajadores.
Javier López López, líder sindical de los trabajadores de la Autoridad de Edificios Públicos, explica: “El gobierno puertorriqueño y la Junta Fiscal han sido aliados para congelar salarios a los trabajadores y solo nos permiten negociar cosas que no tendrán impacto económico o justicia para nuestra gente y la isla.”
Simultáneamente, se han observado retrocesos en beneficios de jubilación y financiamiento para las escuelas públicas. La privatización de servicios esenciales ha llevado a planes de deuda a largo plazo, imponiendo cargas financieras adicionales a individuos y contribuyendo al aumento de la pobreza.
“El principal problema que hemos presentado a los miembros del Congreso y la Casa Blanca ha sido la urgencia de desmantelar ‘La Junta’, la junta fiscal en Puerto Rico, y la ley que la respalda, la ley PROMESA. Esta junta fiscal de supervisión ha desmantelado por completo las leyes que protegen nuestros derechos como trabajadores, la negociación colectiva, además de proteger los beneficios de atención médica para los trabajadores. Por eso decimos, ‘¡Lucha sí, entrega no!'”, dijo Emilio Nieves Torres, Presidente del Sindicato Central Puertorriqueña de Trabajadores (CPT), durante la conferencia de prensa.
“Como aliado, he estado junto a puertorriqueños y puertorriqueñas para exigir un sistema digno que les permita prosperar en sus propias comunidades. Hemos mantenido la posición en torno a la transparencia, representación y estamos trabajando para deshacer los daños de PROMESA. Comprenden el impacto de esa ley y cómo se ha aplicado”, dijo el congresista Jesús “Chuy” García.
Gustavo Torres, Director Ejecutivo de CASA, también expresó solidaridad con la causa. Declaró: “Los miembros de CASA que viven en la diáspora están hombro a hombro con los puertorriqueños, en la isla, y en el enérgico llamado al cambio. La duradera influencia de la Junta de Control Fiscal ha obstaculizado el potencial de la isla durante demasiado tiempo. Es hora de que el Congreso tome medidas decisivas y audaces hacia forjar un futuro más brillante y equitativo para Puerto Rico.”
“Como puertorriqueño de la diáspora que vive en los Estados Unidos, me siento honrado de que CASA se haya unido a los líderes sindicales en la isla para crear conciencia y seguir abogando por una jubilación digna y salarios justos para los trabajadores”, dijo Carmelo Santos, Presidente de la Junta de CASA.
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